Tres mujeres y cuatro hombres fueron procesados en las últimas horas acusados de integrar una organización dedicada al almacenamiento, transporte y comercio de droga,
Lo resolvió el juez Santiago Inchausti, al tener en cuenta la «gran cantidad de elementos probatorios» que aportó la investigación de la Fiscalía Federal N°2.
Tres mujeres y cuatro hombres fueron procesados en las últimas horas acusados de integrar una organización dedicada al almacenamiento, transporte y comercio de droga, que operaba en distintos puntos del país pero con base en Batán y que realizaba transacciones en lugares públicos de distintas ciudades de la Provincia.
La resolución, de más de 80 páginas, firmada por el juez Santiago Inchausti, recoge una «gran cantidad de elementos probatorios» reunidos durante la investigación dirigida por la Fiscalía Federal N°2 marplatense, actualmente subrogada por Carlos Martínez, según destacaron fuentes oficiales.
Además, se resolvió trabar un embargo sobre los bienes y dinero de los acusados por 10 millones de pesos, como así también el secuestro con fines de decomiso de 14 vehículos -entre automóviles de alta gama, una moto, dos camiones y un semirremolque- que fueron utilizados para el comercio de estupefacientes, o bien resultaron ser producto de esa actividad delictiva, poniéndolos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa se inició a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles maniobras de narcotráfico de una familia de origen extranjero con asiento en la zona de Batán. A partir de allí, desde la Fiscalía N°2 se dispusieron tareas de investigación, encomendadas a la Unidad Operacional Control de Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El nutrido material probatorio, en base a obtención de informes, vigilancias discretas, seguimientos e intervenciones telefónicas, permitieron interceptar el pasado 1° de octubre a un vehículo en el que se movían algunos de los investigados, luego de realizar una posible transacción de droga en una estación de servicio situada sobre la autovía 2: el resultado fue el secuestro de 67 ladrillos de cocaína.
A partir de ahí, se dispusieron allanamientos en distintos domicilios investigados, secuestros de vehículos y detenciones, que habían sido solicitadas previamente por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de un amplio operativo que se denonminó «Papa lavada».
Así, se encontraron otros 44 ladrillos de cocaína: 24 en una vivienda, y 20 más escondidos en una rueda de un vehículo. Si bien se lograron entonces siete detenciones, existen pedidos de detención vigentes respecto de otras 14 personas vinculadas a la organización criminal.
Los líderes de la organización, una pareja de ciudadanos bolivianos que vivían en un predio rural en Batán, fueron procesados por ser organizadores de actividades de narcotráfico agravado y por dos hechos de transporte de estupefacientes. Junto al padre de la mujer, se los acusa de ser quienes prepararían la cocaína –que traían desde el norte del país camuflada muchas veces en camiones con cajones de frutas y verduras- para su comercialización en distintas localidades, principalmente de la provincia de Buenos Aires, tales como Gutiérrez, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca y Punta Alta, y también en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la pesquisa, la banda estaba compuesta por distintos eslabones, cada uno con actividades, roles y grados de participación específicas. “De las tareas efectuadas, se desprende una gran cantidad de maniobras llevadas a cabo por los principales investigados en autos, consistentes en intercambios compatibles con conductas en infracción a la ley 23.737”, las que deben –entendió el juez- ser valoradas conjuntamente con las escuchas telefónicas realizadas y los secuestros logrados luego de los allanamientos en distintos puntos del país: más de 100 ladrillos de cocaína, por un peso total de casi 115 kilos; 31 kilos de bicarbonato de sodio; 230 kilos de hojas de coca; más de un millón y medio de pesos, más de dos millones de guaraníes y 65.300 dólares.
Más allá de la prueba reunida a partir de las escuchas, se pudo también verificar que los investigados usaban más de un número telefónico o cambiaban de línea asiduamente, “siendo éstas maniobras típicas para procurar su clandestinidad”.
Al analizar la cuestión patrimonial de la organización, se pudo determinar que los acusados mantenían un estilo de vida muy alto, cuando no se detectó ningún tipo de actividad laboral que le dé sustento. El devenir de la investigación logró determinar que los imputados e imputadas se han encargado de insertar al mercado el producido obtenido a raíz de las maniobras desplegadas, “específicamente mediante la adquisición de vehículos que en algunos casos los colocaban en cabeza de otros coimputados”.