Esta cifra se registra en 17 provincias del país, donde además se registran 37 por eventos obstétricos criminalizados.
Las y los senadores de la Argentina tienen en sus manos una oportunidad: terminar con la clandestinidad y legalizar un derecho como política pública. Este 29 de diciembre, tratarán el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado por el gobierno, que además contempla otro conocido como el Plan de los Mil Días, para acompañar a los cuerpos gestantes en su embarazo deseado.
Hasta hoy, en el país, el aborto está reglamentado para preservar la salud de las personas con capacidad de gestar. Desde 1921, se establece el derecho al aborto legal en el país si es producto de una violación y en caso de riesgo de la persona gestante. Sin embargo, pocos son los casos en los que se decide respetar la autonomía de la persona que decide no continuar con su embarazo.
Mientras que muchos sostienen que «no hay presas por abortar», un informe actualizado y presentado hoy por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reporta que un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
Este informe, fue remitido al Senado, que está a horas de emitir su veredicto tras la media sanción de la Cámara de Diputados, para que sus integrantes «cuenten con información rigurosa» sobre la situación, destacaron voceras de la ONG a Télam.
«La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva», CELS.
«Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión», sostuvieron en diálogo con el medio. El documento fue elaborado sobre la base de datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad.
De acuerdo al documento, las mujeres criminalizadas «son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias». «Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos», señalaron desde el CELS.
«La mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso. La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud«, añadió la vocera del CELS y denunció que en los hospitales «la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales».
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«Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento, por lo que la criminalización del aborto «no debe ser entendida solo a partir de las condenas», añadió.
«La condena en estos casos no es un elemento imprescindible para la imposición de un castigo», sostuvo. La investigación detectó también allanamientos «sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto». Belén es una de las mujeres criminalizadas.
El informe se hizo en base datos oficiales de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue realizado por el CELS, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos.
Fuente: Filonews
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