Durante el año que pasó se arrasaron 110.180 hectáreas en Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. “Significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advierten.
A lo largo de 2021 se desmontaron 52.290 hectáreas en Santiago del Estero, 29.165 hectáreas en Formosa, 18.068 hectáreas en Chaco y 10.657 hectáreas en Salta. En total, 110.180 hectáreas: el equivalente a más de cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Los datos se desprenden del informe anual de Greenpeace, que advirtió sobre el “preocupante aumento de la deforestación ilegal en el norte argentino”. De acuerdo al reporte, casi la mitad de la deforestación se produjo en Santiago del Estero y más del 80 por ciento fue ilegal.
“El número de hectáreas forestadas de manera ilegal es mayor a lo que venía siendo. El promedio venía en 50% y se disparó mucho en Santiago del Estero, sumado a todo lo de Chaco, que fue ilegal porque hay un fallo de la justicia. Eso hizo que el número sea tan alto”, explicó a Tiempo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de esa ONG. Detalló que en Formosa “una parte importante es legal porque el ordenamiento en sí permite mucho desmonte: 75% de su ordenamiento territorial permite deforestar, más allá de que uno pueda discutir ese mapa. Y en Salta no fueron tantos desmontes, comparados con otras épocas”.
Para conocer los motivos del desmonte creciente en Santiago del Estero “hay que ver caso a caso, eso requiere un análisis más detallado, pero siempre notamos –y seguramente este caso no sea distinto- la importante cantidad de desmonte por desarrollo ganadero. La provincia tiene una propuesta de expansión ganadera fuerte, lo viene haciendo hace tiempo y autoriza desmontes selectivos, supuestamente sustentables, pero a la larga es desmonte en etapas”, señaló Giardini. Agregó que “a veces los mapas de expansión de la ganadería en el norte no coinciden con los mapas que las propias provincias tienen para cuidado del bosque”.
En el caso de Chaco, en noviembre de 2020 la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó suspender los permisos de desmonte hasta tanto se actualice su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (algo pendiente también en otras provincias). Pese al fallo y tal como venían denunciando Greenpeace y organizaciones locales como Somos Monte, la deforestación continuó. “Más de 18 mil hectáreas de desmonte es mucho para una provincia donde la justicia dijo que no tenían que desmontar más hasta tener un nuevo mapa de ordenamiento. Esto demuestra que ni la justicia puede frenarlo si no hay herramientas. La penalización resulta medio inevitable, más allá de que después se pueda desincentivar todo lo que implica deforestar”, planteó Giardini.
El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia en el tiempo sólo lo agrava. De acuerdo al informe difundido por la organización ambientalista, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. En tanto, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas.
Las cifras difundidas en el informe de 2021, de por sí alarmantes, no contemplan los efectos del desmonte de los incendios forestales, que arrasaron con gran cantidad de hectáreas en el último tiempo. El reporte se basa en el cotejo de imágenes satelitales, pero el proceso es más complejo si se analizan zonas quemadas. Ese dato se conocerá cuando Nación difunda su registro anual y dará cuenta del impacto del fuego en materia de deforestación. “Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. En 2020 se produjo un crecimiento importante de la perdida de bosques, debido a la gran cantidad de incendios”, apunta el informe.
Hasta el momento, eso se busca combatir a fuerza de multas. “Lo estamos investigando. Venimos viendo que, cuando son muy bajas, las pagan y siguen deforestando. Y no reforestan aunque la ley lo diga. Y cuando son multas altas, lo que se ve es que a la larga se judicializa y se retrasa todo y tampoco la terminan pagando. El sistema no está frenando el desmonte”.
El reporte de 2021 fue un reflejo de un proceso que viene causando preocupación desde hace años, pero en un contexto de pandemia global y crisis climática cada vez más notoria. “El monitoreo lo venimos haciendo hace más de 6 años, y con la pandemia no hubo mucha disminución. La tendencia sigue siendo más o menos estable. Y sí vemos un incremento de la ilegalidad y hay una preocupación en ese punto. La situación de crisis climática nos obliga a pensar no solo en lo ilegal sino pensar en deforestación cero a futuro”.
“Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, cierra el informe, por eso el pedido para que “en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales”.
Desmonte y calor
A mediados de enero, en el marco de una ola de calor récord en todo el país que llevó la temperatura de Resistencia –Chaco- hasta los 43°, la organización Somos Monte difundió varios videos de camiones cargados con árboles talados por parte de empresas tanineras. Y recordó que en octubre “las tanineras de Tirol y La Escondida habían admitido en un juicio utilizar quebrachos procedentes de desmontes. Esto involucra también a las nuevas centrales de biomasa falsamente pintadas como limpias». La organización reclamó entonces que “las industrias forestales deben forestar y tener reservas forestales sin abastecerse de los desmontes”.
“Frente al colapso climático que estamos viviendo en estos días -yo viviendo dentro del campo me doy cuenta de lo que está sufriendo- y frente al vergonzoso fracaso de la Dirección de Administración de Bosques en la provincia, la única respuesta hasta ahora del gobierno es el silencio. No contestan los pedidos de informes, no dan acceso a las denuncias. Nación, en cambio, sí. Acá se niegan las autoridades a un debate constructivo. La estrategia es silenciar a los movimientos ambientales que hablan sobre desmonte”, denunció Dardo Tiddi, de Somos Monte Chaco. Y sostuvo que “en la base de eso está el conflicto de intereses y la corrupción incrustada dentro de las instituciones. El ex director de bosques, por ejemplo, desmontó en un área amarilla, un área protegida. Estas son las cosas que traban, frente a algo tan evidente, que no se encuentre una salida”.
Para Tiddi, “desde la sociedad y Somos Monte estamos haciendo lo que las autoridades de bosques no quieren hacer: estamos controlando los desmontes ilegales, las quemas, denunciando en los medios porque no se nos da otra alternativa. Y en los tribunales cuando se nos da la posibilidad. Tenemos dos juicios muy graves, uno con una sentencia en primer grado. Tenemos un ordenamiento territorial vencido hace ocho años. Y nos encontramos frente a poderes como las tanineras, que quieren aumentar lo que se quiere desmontar”. Todo esto, en un panorama de cambio climático a la vista: “En Resistencia, donde no debería hacer tanto calor como en el Impenetrable, en enero la media fue de 37.5 grados, cuatro grados más de lo que debería ser. La laguna está seca, el monte está agotado, nunca antes se había quemado, antes hacía de cortina contra los incendios. La irresponsabilidad del gobierno es no darse cuenta de la tremenda crisis que estamos viviendo”.
Fuente: Ecomundo