Más allá de las presiones de la Iglesia Católica y de la demagogia del aparato político en general, la demora en la discusión sobre la urgente y necesaria legalización del aborto seguro y gratuito en hospitales públicos, oculta un entramado de intereses comerciales que van más allá de la vida de cientos de mujeres que cada año pierden la vida en la práctica de abortos clandestinos. Este dossier se propone profundizar en los obstáculos que todavía hoy bloquean una discusión que ya no admite dilación alguna.
«El aborto libre y gratuito no es nuestra única plataforma de lucha.
Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en
cuenta, el combate político no puede ni siquiera comenzar»
Simone de Beauvoir
Emma Goldman pedía por el aborto legal, seguro y gratuito ya en 1910. Escribió en La hipocresía del puritanismo: «Los métodos preventivos para regular la fecundidad femenina, aun los más seguros y científicos, son absolutamente prohibidos; y aun la sola mención de ellos podrá atraer a quien los enuncie el calificativo de criminal.» (…) «Sabiendo con qué secreto debe desenvolverse necesariamente esta actividad y el fatal corolario de la inexperiencia profesional con que se llevan a cabo estas operaciones clandestinas, el puritanismo sigue segando miles de víctimas por causa de su estupidez e hipocresía».
El sábado 3 de junio de 2017, más de un siglo después y contando, el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una de las consignas del colectivo de mujeres que se encontró en la marcha de Ni Una Menos.
En nuestro país, el artículo que trata sobre la punibilidad del aborto en el Código Penal –artículo 86– data de 1921 y por una coma que (¿misteriosamente?) ha desaparecido del texto sancionado después de la palabra «violación», la interpretación del inciso se ha vuelto arbitraria.
El artículo dice: «El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto».
Azarosa e injustamente, hemos visto sin embargo en los últimos años, una creciente criminalización de las mujeres que acceden a la práctica aun en casos en los que, según el artículo, se trata de abortos no punibles. Entre los casos más afortunadamente mediatizados –porque el silencio es eternamente cómplice de la injusticia para con la mayoría de las mujeres que son encarceladas por abortar– se encuentra el de Belén, una joven tucumana recientemente liberada después de casi tres años de prisión, encarcelada y condenada por los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán (Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas) a ocho años de cárcel por «homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía» tras sufrir un aborto espontáneo.
Es imposible establecer con exactitud el número de abortos. Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, cada año mueren en Argentina, según cifras oficiales, 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna).
La emergencia del aborto, en la Argentina, como cuestión de la agenda política y social, trae aparejado contar necesariamente con un análisis de la cuestión, dado que las cifras oficiales que se improvisan, no contemplan las muertes de las mujeres que recurren a la práctica clandestina. En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino.
Siguiendo a Mario Pecheny y su texto «¿Por qué es tan difícil discutir políticamente sobre aborto?», publicado en el libro Aborto y Justicia reproductiva, la invisibilidad de la problemática del aborto es un indicador contundente en la persistencia de las relaciones de dominación entre los géneros. La distinción entre el mundo de los hombres, como mundo oficial y el mundo de las mujeres, como escondido, privado, oficioso, sigue vigente cuando pensamos en el estatus del aborto. Así, gravitando en los márgenes de esta sociedad machista y patriarcal, conviven quienes deben recurrir a la práctica clandestinamente con quienes desde arriba, y con el dedo acusador, lo hacen a puertas adentro en la comodidad de una clínica privada haciendo la vista gorda a los cientos de mujeres que cada año mueren por no acceder a una práctica digna.
Pero entonces, ¿cuáles son las razones por las que, a pesar de la lucha, la implementación de una ley que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es todavía hoy una utopía feminista que trasciende colores y banderas políticas, y con el paso del tiempo sigue vigente como consigna y no como la concreción de un derecho?
Entre los motivos del rechazo al aborto encontramos entre los principales a los religiosos, éticos y morales en curiosa consonancia con los económicos. «Yo creo que el mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto, porque es una guerra contra el niño, un asesinato del niño inocente. Y si aceptamos que una madre puede asesinar a su propio hijo, ¿cómo podemos decirles a otras gentes que no se maten entre ellos? Nosotros no podemos resolver todos los problemas del mundo, pero no le traigamos el peor problema de todos, que es destruir el amor. Y eso es lo que pasa cuando le decimos a la gente que practique la contracepción y el aborto», sostenía la principal defensora del conservadurismo católico…
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Fuente: Revista Sudestada
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