En Latinoamérica y el Caribe, el aborto decidido por la mujer es legal sin restricción sólo en cinco países y en dos estados de México: Ciudad de México y Oaxaca. Cuba fue el primer país de la región en establecerlo en 1965. Cincuenta y cinco años después, Argentina aprobó el proyecto de ley de IVE. ¿Qué efecto tiene esta decisión para América Latina y el Caribe?.
Por Ana María Acosta/Wambra
En América Latina y el Caribe el aborto decidido por la mujer es legal sin restricción solo en cinco países y en dos estados de México: Ciudad de México y Oaxaca. Cuba fue el primer país en establecerlo como un derecho legal bajo petición de la mujer y totalmente gratuito, en 1965, en los primeros años de revolución.
En Puerto Rico, dada su relación jurídica dependiente con Estados Unidos, el aborto es legal desde 1973 después que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, en el caso Roe vs Wade, que la decisión de la mujer de continuar o no con un embarazo es un derecho fundamental y, además, es parte de su derecho a la privacidad.
En el caso de Guyana Francesa, al ser un departamento de ultramar de Francia y parte de la Unión Europea, el aborto es legal dado que en Francia lo es desde 1975. Por su parte, Guyana lo despenalizó mediante la Ley de Terminación Médica del Embarazo en 1995.
Uruguay despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas en 2012, durante el gobierno de José Mujica. Esta legalidad ha tenido un impacto positivo en la salud pública. Según el Ministerio de Salud de Uruguay la mortalidad materna bajó de un promedio de 25 muertes cada 100.000 recién nacidos vivos en el período de 1995-2001, a una de 14 muertes cada 100.000 recién nacidos vivos en 2015. Esto, como lo explica un artículo del medio La Diaria, “se debió al impacto del modelo de reducción de riesgo primero y a la despenalización del aborto, ya que la explicación de este descenso no es otra que la disminución marcada de la muerte por complicaciones del aborto.”
En México el aborto es legal solamente en dos estados: Ciudad de México CDMX, antes Distrito Federal, y Oaxaca. En CDMX, con más de ocho millones de habitantes, es legal en todos los casos hasta las 12 semanas desde 2007 y en Oaxaca es legal desde 2019. En los demás estados el aborto es legal cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazos producto de violencia sexual.
A estos países y ciudades se sumó, este 29 de diciembre, Argentina, después de que el Congreso aprobó, en una jornada de debate de diecisiete horas, el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”. La ley aprobada legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y después de ese plazo en el caso de un embarazo producto de violación y cuando exista riesgo para salud o vida de la persona embarazada. En el caso de adolescentes entre 13 y 16 años podrán acceder al aborto por petición, ya que se asume que tienen capacidad de decidir. La propuesta además establece la implementación de la Educación Sexual Integral, de manera que permita prevenir embarazos no deseados y no planificados, y la capacitación a docentes y personal de la salud en perspectiva de género y diversidad sexual. Este proyecto fue acompañado del Programa de los 1000 días, que busca atender la maternidad en situación de vulnerabilidad y hasta los tres primeros años de vida de niños y niñas.
La aprobación del aborto legal en Argentina significa para América Latina y el Caribe algo más que la aprobación de una ley: es la muestra de que la organización y la movilización feminista está removiendo todo lo que se creía estabilizado en la política.
La lucha por este derecho no inició con el envío del proyecto de Ley por parte del presidente Alberto Fernández en noviembre del 2020. Como lo cuenta la periodista feminista y co-directora del medio digital Latfem, Florencia Alcaraz, en su libro ¡Que sea Ley!. La lucha de los Feminismos por el Aborto Legal, esto se ha construido a fuego lento.
El camino de la memoria recorre las primeras manifestaciones de las feministas a partir del regreso a la democracia en Argentina en 1983; los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan desde hace más de treinta años en este país; el movimiento Ni Una Menos que nació en 2015 contra la violencia de género; y el trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Campaña nació en 2005 y en 2018 impulsó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso. Ese año era la séptima ocasión que presentaban el proyecto, pero en esta ocasión el proyecto llegó al Senado donde no alcanzaron los votos, pero las movilizaciones masivas en las calles lo dijeron: en las calles el aborto ya es legal. La Marea Verde tomó una inusitada fuerza. En 2019 la Campaña, por octava vez, presentó el proyecto. Es así que, en 2020, para cuando el presidente Fernández envió el proyecto de LIVE en el Congreso ya se encontraba el proyecto de la Campaña Nacional, que contiene varias diferencias y similitudes, pero los dos condensan las exigencias de años de organización feminista.
La Marea Verde Feminista ondea de diversas maneras e intensidades en América Latina, pero en los últimos años su movimiento ha tomado una forma cada vez más masiva y trasnacional. El pañuelo verde, como símbolo del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nació en Argentina como una forma de resignificar el blanco del pañuelo de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, y, como lo dice Florencia Alcaraz en su libro, “dialoga también con esas formas constitutivas de construcción de la memoria y la justicia en clave feminista”. De esta forma, el pañuelo verde, como parte de la lucha por los derechos humanos, se convirtió en un símbolo trasnacional al tocar arena de varios países en todo el continente y tomar las exigencias y los lenguajes propios de cada lugar. Hoy el pañuelo verde es ya parte del repertorio se acción política y la ritualidad feminista latinoamericana.
En 2019, el pañuelo verde golpeó Ecuador, la mitad del mundo, en el contexto del debate de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que buscaba modificar el Art. 150 que hace referencia al Aborto Consentido No Punible. La propuesta incluía, además de las causales ya existentes, cuatro nuevas causales para un aborto no punible por: violación, incesto, inseminación no consentida y grave malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. Varias campañas se vistieron de verde para apoyar la reforma y otras para activar las redes y las calles desde los feminismos diversos.
La Campaña Déjame Decidir Aborto por Violación impulsada por varias organizaciones de mujeres, médicas, feministas, como el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, entre otras, promovió el debate legal y el trabajo de la propuesta en diferentes ciudades del país. El mismo año organizaciones, colectivas feministas, académicas y mujeres diversas se autoconvocaron en una Asamblea en las instalaciones de Flacso-Ecuador donde decidieron promover la Campaña por el Aborto Legal. El resultado fue la conformación de la plataforma Aborto Libre Ec y meses después Aborto Libre Guayaquil.
Si bien varias colectivas feministas dejaron de participar en estas articulaciones de modo formal, por primera vez en Ecuador el debate del aborto extendió los límites de las propias agrupaciones feministas y se revitalizó con un activismo feminista joven, callejero y digital, que se desplazó hacia otros espacios que antes se habían mantenido alejados o incluso opuestos al tema: organizaciones indígenas, afrodescendientes, populares, sindicales, culturales.
Si bien la propuesta de reforma no fue aprobada en 2019 por la Asamblea Nacional ecuatoriana, por apenas cinco votos, la exigencia feminista no acabó con esta negativa. Hasta el momento existen cuatro demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional del Ecuador, el más alto organismo de derechos del país. Las organizaciones feministas, de mujeres, populares, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, demandan la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que solamente una mujer con discapacidad mental que fue violada puede abortar sin ser sancionada penalmente. La exigencia feminista es que esta causal se extienda para todas las mujeres sin discriminación. A estas demandas se suma una Acción de Incumplimiento del Estado ecuatoriano a las recomendaciones de al menos cinco comités internacionales de derechos humanos para despenalizar el aborto.
La campaña #AbortoporViolación que accionó en el debate del COIP en 2013 y en 2019 continúa activando la exigencia en la Corte y a esta se sumó en septiembre del 2020 la campaña #DecidirEsMiDerecho, además de una participación cada vez más nutrida de colectivas y organizaciones feministas en todo el país.
En Colombia, la marea verde tocó arena en septiembre del 2020, cuando 91 organizaciones y 134 activistas presentaron una demanda ante la Corte Constitucional colombiana para que se elimine el delito de aborto del Código Penal. El Movimiento Causa Justa impulsa la campaña #CausaJustaPorelAborto y busca que el aborto decidido sea legal y se garantice su acceso sin ninguna restricción.
En Chile, después de la aprobación en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, de las tres causales para un aborto legal, por riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto, organizaciones de mujeres y feministas buscan impulsar Infinitas Causales y ampliar el derecho al aborto.
En Perú la campaña Déjala Decidir, impulsó en 2013 un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violencia sexual, si bien la propuesta no fue aprobada, las organizaciones feministas continúan exigiendo este derecho, dado que Perú tiene la tasa más alta de violencia sexual en América del Sur, y la mayoría son niñas y adolescentes.
En México la campaña Aborto Legal México busca ampliar los derechos adquiridos en los dos estados y despenalizar el aborto decidido por la mujer en todo el país.
En todo el continente la organización feminista está removiendo capas de suelo que se creían estabilizadas. Si hay algo que muestra el proceso argentino es que lo movimientos son a veces lentos e imperceptibles, pero cuando se los siente ya no hay marcha atrás: todo puede cambiar. Parece que el 2021 traerá nuevos vientos que agiten la marea de pañuelos verdes, activismo digital y cánticos feministas que ya son una premonición: ¡Alerta. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemblan, y tiemblan y tiemblan los machistas, que toda Abya Yala va a ser feminista!
Esta nota fue publicada originalmente en el medio Wambra
Fuente: Cosecharoja