La Cámara Federal porteña resolvió que sea el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti el que continúe con el trámite de exhorto enviado a Estados Unidos en busca de información contenida en las redes sociales de los tres detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal de Apelaciones zanjó así un conflicto que se había originado entre el juzgado y el Tribunal Oral Federal 6 que prepara el futuro juicio a los tres acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
La postura de Capuchetti es que debe ser el TOF 6 el que siga el trámite y responda un pedido de aclaratoria cursado desde Estados Unidos. Pero días atrás los jueces del TOF 6 señalaron que debe ser Capuchetti quien siga con el exhorto.
«No corresponde que este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 responda o se expida respecto del pedido de aclaraciones o precisiones efectuado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en razón de tratarse de una prueba cuya producción quedó pendiente en la etapa instructoria», señaló el TOF 6 entonces.
Este miércoles, finalmente, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar a una apelación del fiscal del caso, Carlos Rivolo, y dispusieron que sea Capuchetti quien siga con el trámite, iniciado por la jueza durante la instrucción por el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.
«Se advierte que la medida probatoria en cuestión fue oportunamente ordenada mientras las actuaciones tramitaban en la etapa de instrucción, con antelación a la elevación a juicio», indicó el Tribunal de Apelaciones.
Además, continuó, «luce apropiado que frente a la premura del caso sea la sede instructora la que proceda al envío por vía diplomática del pedido de información solicitado, sin perjuicio de lo que en definitiva se disponga en el eventual caso de que se remita el contenido de la información obrante en dichas cuentas de redes sociales».
Los jueces advirtieron que «a la urgencia evidenciada se suma la gravedad institucional del hecho aquí investigado, que como hemos mencionado en diferentes oportunidades torna necesaria la producción de las diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad, sin escatimar esfuerzos ni premura».
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