El pedido de una #LeydeHumedalesYa crece desde que los incendios intencionales del 2020 destruyeron un millón de hectáreas en todo el país. Intereses inmobiliarios, agropecuarios y mineros hacen lobby para que el Estado no se meta. ¿Hay chances de que el Congreso la trate?
Ilustración: María Victoria Rodríguez
¿Será el 2021 el año en que Argentina sancione una ley nacional que proteja los humedales? El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, en recordatorio de la firma de la Convención de Ramsar, a la que nuestro país adhirió en 1992.
Esa adhesión es el primer antecedente en la Argentina de medidas para proteger uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Pero tiene gusto a poco: si bien es una declaración por los ecosistemas locales que tienen importancia internacional, en los hechos todos nuestros humedales están desprotegidos y en peligro constante.
En Argentina existen seis grandes regiones de humedales: Cuenca del Plata, Chaco,
Pampas, Patagonia, Puna y Zona Costera Patagónica. Según las últimas estimaciones, ocupan casi un cuarto del territorio argentino. En 2020, se quemaron casi un millón de hectáreas en todo el país. Sólo en la región del Delta del Paraná (Cuenca del Plata) se destruyeron 300 mil hectáreas.
Los humedales son ecosistemas muy heterogéneos. No sólo son reservorios de flora y fauna, sino que funcionan como esponjas que absorben el agua y mitigan las inundaciones. Son, además, preventores del calentamiento global.
Hacia una ley nacional de humedales
El primer antecedente de un proyecto de ley es de 2013. Lo presentó el entonces senador por Santa Fe Rubén Giustaniani (Partido Socialista) y fue aprobado por unanimidad. Llegó a Diputados y como no pasó de la primera comisión, perdió estado parlamentario en 2015.
En 2016, se presentaron varios proyectos que quedaron unificados en uno del senador Pino Solanas. La iniciativa se debatió y aprobó con modificaciones en el recinto. Pero, una vez más, quedó trabada en Diputados.
En el 2020 los humedales tomaron la agenda pública a partir de los incendios en el delta del Paraná. Con movilizaciones en distintas ciudades del país, la presión social llevó a que se presentaran 13 proyectos entre las dos cámaras (diez en Diputados y tres en Senadores). Finalmente hubo un primer dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados en el cierre de las sesiones ordinarias. Pero todavía falta. Este año debería tratarse en las otras tres comisiones asignadas (Agricultura y Ganadería; Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, y Presupuesto y Hacienda). Recién cuando logre dictamen en todas podrá llegar el debate al recinto.
Lo que va a establecer la ley es la elaboración de un inventario de humedales, es decir, que sepamos exactamente cuáles son los existentes en la Argentina, y va a disponer los presupuestos mínimos para su conservación.
“La protección de los humedales es una discusión de muchos años que se viene postergando y que se dio con fuerza el año en el que se inició la peor crisis ambiental: el covid 19”, dijo a Cosecha Roja el diputado Leonardo Grosso, autor del proyecto de ley y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano. “Y no sólo estamos ante una pandemia de origen zoonótica, muriendo de a miles, sino antes una destrucción de humedales y una situación de ecocidio nunca antes vista”, agregó.
Para Grosso, “hay sobrada evidencia de que hay que proteger ya no sólo la actividad productiva sino la vida humana”.
Si bien hace años que colectivos y organizaciones ambientalistas vienen insistiendo en la necesidad de una legislación que los proteja, recién el año pasado, con el ecocidio y los focos de incendios registrados en casi todas las provincias argentinas, el tema se instaló en la agenda pública y mediática con el pedido de una #LeyDeHumedalesYa y la denuncia de #ecocidio.
“Yo vengo investigando el tema hace muchos años y nunca se habló de los humedales, nunca se tomó noción de que existía un ecosistema llamado humedal, como lo es ahora en la opinión pública y mediática”, dijo a Cosecha Roja Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y docente de la UBA. “Esta visibilización es producto del ecocidio que vivimos, pero también de una cuestión mundial con la aparición de Greta Thunberg en 2018, de Jóvenes por el Clima en la Argentina y de otras organizaciones. Cada vez está más instalado en la agenda pública y mediática la importancia de la conservación del ambiente”, agregó.
Entre los activismos que mostraron su fuerza el año pasado estuvo la Multisectorial por los Humedales, que nació en Rosario por las quemas en el delta entrerriano. Con una militancia joven, la experiencia se replicó en otras ciudades del país y se sumó a las organizaciones ambientales que desde hace décadas pelean porque Argentina haga una transición a un modelo productivo menos dañino y extractivista. Otro ejemplo de activismo es la lucha de las comunidades de La Puna, que desde los noventa pelean para que la minería por extracción de litio no destruya los salares, que también son humedales.
Monkes explicó que los humedales “son ecosistemas muy frágiles que no tienen una legislación específica, excepto en algunas provincias, y están expuestos al avance de las diferentes actividades productivas, ya sea del agro, de la construcción, la minería y otras. Son muy productivos por la fertilidad de la flora y de la fauna. También desde el punto de vista inmobiliario son muy atractivos, para hacer campos, countries y demás”, agregó.
La principal resistencia a la legislación viene justamente de parte de los sectores productivos que ven en el proyecto una amenaza a sus negocios. “Es un proyecto de ley que toca intereses muy importantes. La Ley de Bosques iba contra el agronegocio concentrado, la Ley de Glaciares contra la minería. La ley de humedales va contra esos dos y aparte contra el sector inmobiliario”, detalló Monkes.
“Nosotres, desde el ambientalismo, no vemos una contradicción entre la ecología y la economía o entre la producción y la conservación del ambiente. Pero sí hay una contradicción entre la acumulación desmedida y desregulada de los negocios y la conservación del ambiente”, dijo.
Esos sectores económicos del agronegocio, la minería y la especulación inmobiliaria son los que vienen haciendo lobby para que no se trate la ley y, por lo tanto, no se regulen las actividades económicas. Y, como todo grupo de poder, cuentan con el apoyo de varios diputadxs y senadorxs.
“Desde la Sociedad Rural dicen que esta ley va a prohibir la producción. Y no es cierto: esta ley va a regularla. Va a establecer pautas de funcionamiento y prácticas de producción que sean sustentables económica y ecológicamente”, aclaró Grosso, quien además confirmó la voluntad política de que el proyecto sea tratado este año.
Monkes coincide: “Algunos se resisten por la falsa creencia y la inocencia de que esto efectivamente afecta al desarrollo. Y otros por intereses concretos de no querer tener una ley que frene el avance desmedido de la acumulación inescrupulosa de las ganancias que no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni la salud de las personas. Una acumulación que destruye nuestros ecosistemas y redunda en una mayor injusticia social y una mayor vulnerabilidad de las clases populares”.
Para Grosso lo único que logran los lobbies es retrasar la capacidad del Estado en regular: “Lo que el Estado no regula, el mercado lo destruye”.
Este 2021 la Ley de Humedales promete ocupar nuevamente la agenda pública y aparece como prioridad de los activismos ambientales. Mientras el Estado no regula, los intereses económicos crecen, avanzan y destruyen. Pero también se multiplican las luchas y resistencias.
Fuente: Cocecharoja