¿Qué cifras existen sobre esta práctica en Argentina? ¿Qué tanto sabemos sobre lo que pasa cuando un país legaliza el aborto?
Más de dos años pasaron de que el Congreso debatía sobre cómo legislar el aborto por primera vez desde 1921. Más de dos años hacen ya que las convicciones religiosas se imponían al derecho a decidir sobre el propio cuerpo en nuestro país, el país del papa Francisco, dejándonos a las mujeres y otras identidades en la misma situación de hace casi exactamente un siglo.
Pero la historia puede empezar a cambiar a partir de hoy, cuando en cuestión de horas las y los senadores traten nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que permitiría el aborto no solo cuando exista un riesgo grave para la salud o en caso de violación, sino también por el simple deseo de no maternar.
Ahora, ¿qué cifras existen sobre esta práctica en la Argentina? ¿Qué tanto sabemos sobre lo que pasa cuando un país legaliza el aborto más allá de las causales ya consideradas también en nuestro territorio?
De acuerdo con el informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Red de Acceso al Aborto Seguro y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, actualmente son 18 provincias, además de la Ciudad de Buenos Aires, las que cuentan con protocolos para realizar un aborto legal por causales.
Algunas de las jurisdicciones que sistematizan y publican la información acerca del acceso a ILE son: CABA, con 8.388 ILEs en el año 2019; Buenos Aires, con 5.028 ILEs en el primer semestre de 2020, y Rosario con 1.312 ILEs en el año 2018.
Por otro lado, en medios periodísticos se indica que: La Pampa realizó 600 ILEs en el año 2019; Santa Fe, 2.138 en el año 2018; Entre Ríos, 500 abortos en el año 2018, Neuquén 200 ILEs en el año 201912 y Río Negro 241 en el año 2019.
Y esto sin contar los abortos clandestinos.
¿Qué pasó en otros países después de la legalización?
Dentro de la región tenemos a Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012 y donde se observa que el número de IVEs se mantiene estable a lo largo de los años. Pero no solo eso: en siete años de su implementación, solo se registró una muerte por aborto en el sistema de salud por una complicación quirúrgica; la mortalidad materna se mantuvo extremadamente baja, posicionándolo en el segundo lugar en América después de Canadá; el embarazo no deseado en adolescentes bajó del 16,4 % del total al 11,3 % y la mortalidad infantil alcanzó la tasa más baja de la historia de Uruguay, ubicada en 2018 en 6,6 por 1.000 nacidos vivos, la mitad de la registrada en 2004.
En Ciudad de México, donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida hasta las 12 semanas de gestación (en el resto del país está prohibida), se practicaron más de 200 mil procedimientos en el sistema público de salud y no se registró ninguna muerte por un aborto legal.
La cantidad de mujeres que recurrieron a esa práctica fue en aumento hasta llegar a 20.765 usuarias anuales en 2013, y a partir de entonces comenzó a descender la demanda, tras seis años de implementada la legalización.
En los años que la ley lleva vigente, se logró pasar de la criminalización y de considerar al aborto como un delito a identificarlo como un tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, específicamente el derecho a la salud, a la vida de las mujeres, a su privacidad, y a su proyecto de vida
«Cuando se votó la reforma no teníamos una mayoría a favor: solo el 36% apoyaba el aborto a simple demanda de la mujer. Un año después se repitió la encuesta y había cambiado al 60% a favor de que fuera la mujer o ella y su pareja quien pudiera decidir. La ley, definitivamente cambia la opinión pública y también el estigma que pesa sobre los prestadores del servicio y las mujeres que abortan”, había señalado a Página 12, desde México, la médica gineco-obstetra Raffaela Schiavon Ermani, exfuncionaria en los servicios de Salud en México y desde 2019 integrante de la Comisión Nacional de Bioética.
En cuanto a la mortalidad materna, en 2019 la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México destacó, un año más, «la noticia sobre la nula cantidad de mujeres fallecidas, al haber optado de manera libre y voluntaria por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en servicios públicos».
En Canadá, donde el aborto es legal desde 1988, el número de abortos disminuyó con el correr los años: en 2018 se realizaron 85.294 abortos, 9% menos que el año anterior y sin complicaciones en el 98% de los casos. En Estados Unidos, la tendencia en los últimos 10 años es al descenso en términos de números absolutos, tasas y proporción. El 91% de las interrupciones se realizó por debajo de las 13 semanas de gestación.
Ya fuera de nuestro continente, en España, por ejemplo, legalización no hizo que más personas gestantes abortaran: según las estadísticas del Ministerio de Sanidad —que reúne datos hasta el 2018— hace casi una década, en 2009, se practicaron 111.482 abortos, mientras que en 2010 —año en el que en julio entró en vigor la nueva ley— alcanzaron los 113.031; en 2011, 118.611; en 2012, 113.419; en 2013, 108.690; y por debajo de los 95.000 de 2014 en adelante.
En Portugal, donde la despenalización del aborto hasta las diez semanas de gestación fue decidida en referéndum en 2007, gracias al 59 % de los votos a favor, ocurrió lo mismo. Según declaró el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Luís Graça, cuando se cumplieron diez años de la despenalización, «La mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto clandestino y las complicaciones que traía. Eso es una ganancia en salud absolutamente extraordinaria».
Según los datos oficiales recopilados por la Dirección General de la Sanidad (DGS) de Portugal, entre 2008 y 2015 se realizaron en el país 145.706 abortos voluntarios. Solo una mujer falleció, en 2010, y por un choque tóxico, algo que ocurre en uno de cada 100.000 casos.
Por otro lado, el 70 % de las mujeres que abortaron por decisión propia en 2015 lo hacían por primera vez, y casi el 96 % de las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo recurrieron posteriormente a un método anticonceptivo.
En 1957, junto con muchos países de Europa del Este, Rumania hizo ley la interrupción del embarazo, haciendo de su caso uno excepcional. Aunque el modelo soviético de control de la natalidad hizo que el aborto quirúrgico estuviera disponible fácilmente, impuso restricciones al acceso a los anticonceptivos modernos, lo que llevó a una tasa de abortos excepcionalmente alta.
Para mediados de la década de 1960, se realizaban en el país 1.100.000 abortos cada año, un promedio de 3,9 por mujer, el número más alto jamás registrado. Luego, en octubre de 1966, el líder comunista Nicolae Ceausescu convirtió el aborto en ilegal en un intento de aumentar la fertilidad permitiendo el procedimiento solo en limitadas circunstancias.
Entre esa fecha y 1989, la mortalidad materna aumentó drásticamente, de 85 por cada 100.000 nacidos vivos en 1965 a un máximo de 169 por 100.000 nacidos vivos en 1989. Durante el mismo período, también se disparó la mortalidad materna por abortos inseguros, resultando en 147 casos por cada 100.000 nacidos vivos.
En los días posteriores a la caída del régimen de Ceausescu en diciembre de 1989, se abolió la ley antiaborto y en el lapso de un año, la tasa de mortalidad materna se redujo a la mitad, a 84 por 100.000 nacidos vivos.
Pocos países en la historia han realizado cambios tan drásticos en las políticas de planificación familiar que permitan un estudio de este tipo. Sus autores destacan dos puntos que emergen claramente.
Primero, restringir el acceso a la interrupción del embarazo Rumania provocó un aumento dramático en la mortalidad materna impulsado únicamente por las muertes relacionadas con abortos inseguros. Y segundo, el acceso a la anticoncepción moderna durante los últimos 15 años no redujo la fertilidad en el país, sino que redujo la necesidad de que las mujeres recurran al aborto.
Legalizar el aborto no significa, entonces, que se realicen más prácticas. La diferencia radica en la cantidad de muertes que se pueden evitar, en que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas, en que las directivas de las iglesias no sean colocadas por encima de nuestro derecho a decidir, en maternidades deseadas, en más y mejor democracia.
Fuente: Filonews
Comentá la noticia
You must be Logueado to post a comment.