El prontuario de corrupción del senador salteño de Cambiemos

Siempre mirando la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio, Juan Carlos Romero, Senador Nacional de Juntos por el Cambio y exgobernador de Salta, a través de sus redes sociales dijo que el kirchnerismo gusta de “quedarse con lo ajeno”, pero no faltaron los memoriosos que recordaron sus propio prontuario delictivo, que incluye cerca de una decena denuncias por enriquecimiento ilícito, negociados durante su paso por la gobernación provincial, entre 1995 y 2007, y apropiación de tierras. Uno de esos hechos llevó, incluso, a que la Justicia de su provincia solicitara su desafuero en 2015.

“Quedarse con lo ajeno. No es ninguna novedad de un Gobierno K. Ya lo hicieron. Con excusas venezolanas controlará granos, dólares y exportación. No volvieron mejores. Volvieron recargados”, publicó Romero en su cuenta de Twitter el 8 de junio. Sin embargo, el salteño está implicado en una causa que investiga la venta irregular y a precio vil de una finca de 90 hectáreas, que tras varias transacciones de dudosa legalidad, terminó en manos de su familia.

Esta causa, denominada “La Ciénaga”, se trata de una finca comprada por la provincia en 1998, a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, por $1.100.000 en paridad con el dólar. El objetivo del decreto era claro: construir viviendas sociales para los sectores más vulnerables. Sin embargo, entre 2004 y 2009, con un nuevo tipo de cambio, el inmueble se revalorizó y fue vendido en tres oportunidades hasta desembocar en la compañía El Carmen S.A., propiedad del hijo del senador, y financista de la campaña política de su hermana que la llevó la ocupar la intendencia capitalina, por la módica suma de cien mil pesos.

Una operación similar está vinculada a la concesión de un hangar del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: Una operación que tuvo lugar 18 días antes de dejar el gobierno, en 2007. La maniobra se concretó mediante la firma de un contrato de comodato entre el entonces director de Aviación Civil, Ricardo Funes, quien terminó siendo el piloto privado de la familia Romero, con la empresa Finca de la Represa, propiedad de Juan Esteban Romero, hijo del exgobernador.

Una de las líneas de investigación de la justicia trabaja con la hipótesis de que la empresa funcionaba como una pantalla para ocultar que la verdadera beneficiaria del hangar era la firma Avionsur SA, de propiedad mayoritaria del senador Romero. En la investigación también fueron imputados otros funcionarios provinciales y el hijo del exgobernador por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

En tanto, la pesquisa por enriquecimiento ilícito llevó a que se le embargaran preventivamente dos propiedades de las compañías Jucaro SA y Loma Balcón SA. Además, incluye una imponente mansión imposible de justificar, que fue construída por una de las empresas más beneficiadas con obras públicas durante la gestión de Romero, RIVA SA. Según concluyó la Justicia, “el investigado mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como gobernador de la provincia».

La fiscalía consideró que ese incremento patrimonial «aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba”.

El juez sostuvo que la medida surge como “adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso -enajenación a terceros, etc”.

La causa comenzó hace años, en diciembre de 2014, y los medios locales aseguraron que Romero se recluyó en su momento en una mansión que posee en la zona de Castellanos, la cual no puede justificar. La edificación fue valuada en unos cinco millones de dólares con dos plantas y 62 dependencias edificadas, entre salas y habitaciones. Según publicó el portal Nuevo Diario de Salta, el inmueble tiene un acabado de granito en los pisos, cerámicos refinado, paredes de material macizo, alfombra y en algunos casos, vidrios. Fue construída en el mismo tiempo en que la empresa RIVA construía la sede del Poder Judicial, obra que fue beneficiada con demasiadas redeterminaciones de precios, y envuelta en sospechas de que el erario público también pagó la obra de la mansión que ocupan Romero y su esposa.

La mansión posee el “Salón Güemes” en alusión al “Comedor Güemes”, guardarropas, una despensa, un cuarto para la vajilla, otra sala con equipos de televisión de última tecnología, tres vestidores, habitaciones destinadas como lavaderos, escritorios amplios en ambas plantas y un “cuarto de hobby” con réplicas de aeronaves y decorados disecados con botines de jornadas de pesca realizadas a bordo del helicóptero del Servicio de Emergencia 911, propiedad de la provincia.

Dentro de las excentricidades contabilizaron un gimnasio equipado, piscina climatizada, jardín de invierno dos suites y tres dormitorios en la planta alta y un cuarto de huéspedes en la baja. Antes de cada habitación hay salas de estar y, según contaron los empleados, en una de ellas habría una bóveda. Además, la mansión tiene trece baños y un sector asignado al personal de servicio.

La propiedad original tenía un total de 430 metros cuadrados edificados, a los que los Romero Marcuzzi sumaron otros 1670 más, sin contar las otras edificaciones que posee el predio, entre ellas un amplio galpón y otra casa más pequeña con relación a la edificación principal, contó el medio local. Una inversión millonaria que no se pudo justificar.