La abogada trans que se postuló para jueza logró rectificar su nombre en registros militares

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse logró cambiar sus datos filiatorios con los que figuraba en los registros del Liceo Militar General San Martín para que figure su nombre actual, que lleva en su DNI desde que hizo la rectificación y que coincide con su identidad de género autopercibida. «El liceo era un lugar de formación viril, donde yo había entrado para ‘curarme’ de lo que me pasaba», relató a Página 12 Hendrickse, que en 2019 fue candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén. Para ella, el reconocimiento de su identidad por parte del Estado «es importante para toda la sociedad».

A través del decreto 333/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ordenó la actualización del nombre de pila y sexo de la abogada, que trascendió por ser la primera abogada trans candidata a jueza. “Autorízase la actualización de los datos filiatorios de la ciudadana Cristina Montserrat Hendrickse asentados en los registros del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino, con motivo de su rectificación registral de sexo y nombre de pila”, dice el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

«En un contexto en el que la derecha ultraconservadora y transodiante está avanzando en el mundo, que el Estado se posicione en defensa de la no discriminación y de la inclusión es muy importante para todo el colectivo«, señaló Hendrickse, que está esperando esta actualización de datos desde 2017. «Ahora espero que me entreguen el nuevo título», agregó. La abogada entró al Liceo Militar en 1977, con 13 años: «lo primero que nos decían era que ahí no se admitían ni carneros, ni chorros ni putos«. Dentro de la institución, cuenta que se esforzaba por «ser lo más varón posible» y por «agradarle a mi familia», porque había llegado allí para «curarse» de lo que sentía. «Eran muy fuertes los discursos, la discriminación desde los símbolos de argentinidad y nacionalismo», recordó Hendrickse y aseguró que «no se trata sólo de cambiar un nombre, sino de toda una institución que tiene que aggionarse».

El decreto modifica los datos de que figuraban en un decreto de la dictadura, el N°520/1982, por medio del cual había ascendido al grado de subteniente de Reserva en el arma de Infantería del Ejército, y la nómina de cadetes egresados en 1981 del Liceo Militar General San Martín. El planteo de Hendrick tomó como base el Pacto de San José de Costa Rica y la Ley 26.743 de Identidad de Género.

La Justicia que ella espera

La abogada cursó el Liceo Militar de 1977 a 1981 y al año siguiente entró en la Escuela Naval de Río Santiago. Luego estudió Derecho en la UBA –se recibió en 1993– y se fue a la Patagonia en 2002, donde ejerció dentro del movimiento antiminería de la Comarca Andina. En una entrevista con el portal La Vaca Montserrat contó que allí defendió a víctimas de abusos policiales y también representó a comunidades de pueblos originarios. Años después, en 2014, comenzó el proceso de aceptación interna de su identidad de género, que tuvo como primer gran paso legal el cambio en el DNI. En 2019, se presentó como candidata para ser jueza de Familia, Niñez y Adolescencia en Chos Malal. «El Poder Judicial de Neuquén ha mejorado muchísimo en cuanto a perspectiva de género. Fue un concurso transparente y positivo», señaló Montserrat, que quedó segunda entre otros diez aspirantes.

«No descarto volver a intentarlo. Nadie se convierte en jueza en el primer concurso», señaló la abogada, que actualmente vive en Buenos Aires y forma parte del colectivo Iuris Trans Argentina, con el que acompañan a personas trans y travestis en el acceso a la salud. «Una Justicia más cerca de la gente actúa como punta para el reconocimiento de derechos», precisó Hendrickse y remarcó que «leyes como la del matrimonio igualitario, el divorcio o la posibilidad de acceder a cirugías para el cambio de género nacieron de sentencias judiciales». Para ella «la reforma del poder judicial es necesaria para humanizar el derecho, para que haya jueces que entiendan las problemáticas de las poblaciones más vulnerables y empaticen un poco más».

Fuente: Pagina12